Maduro firmó un decreto, que aún no entra en vigor, mediante el cual declara el “estado de conmoción exterior” en todo el territorio nacional, argumentando “amenazas y agresiones” provenientes de Estados Unidos. Al declararse este estado, el Ejecutivo adquiere facultades extraordinarias –militarización, suspensión o restricción de derechos civiles, control sobre medios de comunicación, cierre de fronteras, entre otras– bajo el argumento de “defensa nacional”.
Incluso Maduro ha declarado el arranque de un proceso de “consulta nacional” sobre el decreto de estado de excepción: “Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior, de acuerdo a la Constitución, y proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra paz…” Y Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva, había asegurado que Maduro firmó el decreto, pero que la declaratoria de estado de conmoción exterior se activaría en caso de “una agresión extranjera de cualquier tipo”. Pero detrás del lenguaje de “defensa ante amenazas externas” hay una lógica profundamente interna.
Es indudable las crecientes amenazas y la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, como es indudable también que el imperialismo estadounidense, a lo largo de su historia, ha buscado y sigue buscando controlar las vastas reservas energéticas y los recursos estratégicos de Venezuela y Trump retoma con fuerza su política de dominación mediante despliegue militar, bajo la excusa de la “guerra contra las drogas”, y coloca a Venezuela como blanco principal de una ofensiva estratégica.
Estados Unidos históricamente ha intervenido en América Latina con golpes, sanciones, invasiones indirectas, amenazas militares, y Venezuela no es la excepción. Existe la presión política, la diplomacia de las cañoneras, los bloqueos y sanciones económicas que han agravado las penurias del pueblo, las amenazas militares. Todo esto debe ser enfrentado. Pero ese enfrentamiento no puede hacerse a costa de suprimir libertades democráticas, la represión o imponer un régimen de excepción permanente.
Maduro ya aplica un “estado de conmoción” sin decretarlo
Por otra parte, el pueblo trabajador y las grandes mayorías populares ya sufren un estado de conmoción permanente que le ha impuesto el gobierno, es el estado de hambre, de miseria, de superexplotación, de trabajo esclavo, de ser perseguido si sale a protestar o reclamar sus derechos. El estado de conmoción ya lo sufren los centenares de jóvenes que siguen presos tras las protestas post electorales del 28 de julio, es la represión que sufrieron sus madres el pasado 5 de agosto cuando fueron atacadas por fuerzas parapoliciales.
El gobierno desde hace tiempo aplica “un estado de conmoción”, sin necesidad de decretarlo y sin que hubiese agresión imperialista alguna. Aplica en los hechos no solo las restricciones antidemocráticas del “estado de conmoción”, sino que incluso violenta hasta aquellos derechos democráticos fundamentales que según la Constitución no se pueden violar aún bajo “estado de conmoción”. El artículo constitucional 337, que rige los estados de excepción, señala que, aun bajo la suspensión de garantías constitucionales, deben quedar en pie los “derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”. Sin embargo, todo eso es, de hecho, violentado desde hace tiempo por el Gobierno Nacional.
En otras palabras, el gobierno “conmociona” dramáticamente la realidad del pueblo, gracias a sus políticas económicas y represivas.
Un decreto para la militarización total del país para su mayor control social y político
Maduro busca imponer el falso dilema de que quien se opone a la intervención externa está obligado a apoyar cualquier acción estatal que suprima derechos. Al contrario, la defensa de la soberanía debe ir de la mano con la defensa de los derechos democráticos y de los derechos de los trabajadores, los sindicatos y los sectores populares.
El “estado de conmoción exterior” es una invitación directa a la militarización: fuerzas armadas, milicia, grupos parapoliciales y cuerpos de inteligencia se colocan en una posición de acción directa, con la arbitrariedad que eso implica. Para los trabajadores y sectores populares, el decreto es traducción directa de represión: controles de movilización, suspensión de manifestaciones, persecución a activistas sindicales, allanamientos sin orden judicial creíbles, censura de la prensa, toque de queda encubierto.
En un país donde ya han sido violentados derechos laborales, de expresión, de protesta y de organización, esto implica un escalón más de retroceso. La historia de los estados de excepción en Venezuela, tanto bajo el chavismo como en gobiernos anteriores, demuestra que son utilizados para reforzar el control del Estado y criminalizar la protesta social. El decreto de “conmoción exterior” no es distinto.
Este tipo de decretos otorga a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos de seguridad poderes extraordinarios para intervenir en la vida cotidiana de la población, dando un salto en la militarización nacional. No se puede combatir la injerencia imperialista negando los derechos democráticos de quienes sufren la crisis, y por otra parte, el decreto de estado de conmoción exterior opera como mecanismo de contención y de disciplinamiento por arriba.
Debemos rechazar cada manipulación militarista del discurso de “pueblo en armas” cuando castiga al pueblo mismo. El gobierno de Maduro pide un “frente común” contra el enemigo externo para justificar la represión interna, e incluso proscribe y reprime a sectores políticos que se oponen por izquierda al gobierno y que, por su propia condición, son antiimperialistas.
El “antiimperialismo” del gobierno es de pacotilla, que se apoya en reprimir y meter miedo a los sectores que realmente podrían dar una batalla de fondo en alguna confrontación mayor con el imperialismo estadounidense: la clase trabajadora, el pueblo pobre y la izquierda opositora antiimperialista.
Como declara Mario López, en un reciente artículo en La Izquierda Diario, “Si se quisiera ser antimperialista, liberar al país de las ataduras a la dominación imperialista, el gobierno debería dar plena libertad de acción y de organización a los trabajadores, empezando por la industria petrolera, para luchar por sus demandas, inclusive contra las transnacionales estadounidenses. Debería cesar toda acción de grupos de choque parapoliciales y permitir que se despliegue la energía obrera y popular en la lucha por sus necesidades e intereses.”
La lucha contra el imperialismo no se libra con represión interna
Nuestro rechazo al imperialismo es absoluto: denunciamos la política de dominación de Estados Unidos, las sanciones, las amenazas militares, las presiones diplomáticas y económicas. Exigimos el retiro de toda la maquinaria militar estadounidense del Caribe y la anulación de todas las sanciones y medidas de agresión económica contra el país. Estados Unidos vuelven con fuerza con su proyecto de control regional, y Venezuela está en el centro. Pero el gobierno aprovecha la agresión para reforzar elementos de la represión interna contra el pueblo trabajado. Rechazar la injerencia imperialista implica también rechazar la represión estatal.
Sostenemos consistentemente que la única manera de enfrentar la crisis y la amenaza imperialista es mediante la movilización independiente y la organización de los trabajadores y el pueblo. Esto significa rechazar la injerencia de Estados Unidos, sus sanciones y sus amenazas de guerra, pero también combatir la política autoritaria del gobierno de Maduro y sus decretos de excepción.
Debemos rechazar a un gobierno que reprime protestas, criminaliza a dirigentes sindicales y sociales, y que ha implementado un ajuste económico que empobrece aún más a las mayorías. La solución no es unirse a la “unidad nacional” que propone el gobierno, que en realidad es la sumisión a sus políticas represivas. La tarea de la izquierda que se reivindica antiimperialista es construir una fuerza propia, independiente del gobierno y de la oposición patronal, que defienda los derechos de los trabajadores y luche por una salida de fondo a la crisis.
La prioridad de una izquierda combativa es siempre la defensa irrestricta de las libertades básicas, de los derechos de los trabajadores y de la organización social independiente. Solo desde esa trinchera podremos enfrentar con coherencia tanto la amenaza imperialista como el autoritarismo interno. La lucha contra el imperialismo y la defensa de la soberanía nacional deben ser inseparables de la defensa de los derechos democráticos.
Por eso, desde una perspectiva antiimperialista y de clase, nuestra posición es clara: ¡No al decreto de conmoción exterior! ¡Fuera las manos del imperialismo de Venezuela! La única vía para la liberación es la organización y la lucha independiente de la clase trabajadora y del pueblo en el camino de un gobierno propio basado en organismos de autodeterminación.
